La Constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de éstos. Prohíbe expresamente toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Universidad asume esta obligación convencida de que, por su naturaleza de institución pública y autónoma, tiene como una de sus funciones sustantivas la de impartir educación superior, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad. Debe ser un ejemplo y modelo de respeto a la legislación nacional y universitaria; por lo tanto, es parte de sus prioridades cuidar que en sus espacios se promueva, defienda y vigile el respeto de los derechos humanos de su comunidad, ya que éstos y los derechos universitarios son complementarios en la medida que guardan un vínculo indisoluble.